El ICAM ha acogido hoy una charla-coloquio clave sobre los aspectos más relevantes de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
La jornada ha sido organizada por la Fundación ICAM Cortina, en colaboración con el despacho Pérez-Llorca y la Fundación Gil Gayarre. La sesión, dirigida a representantes con discapacidad y profesionales de apoyo de entidades asociadas a Plena Inclusión Madrid, ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre entidades jurídicas y sociales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

La jornada ha sido posible gracias a la sólida vocación social y colaboración del despacho de abogados Pérez-Llorca, que participa activamente en los diferentes proyectos sociales que se ponen en marcha desde la Fundación del ICAM con el objetivo de promover la alfabetización jurídica y la accesibilidad al derecho de los colectivos más vulnerables. En esa ocasión, la colaboración ha permitido acercar la Ley 8/2021 de forma clara y práctica a las propias personas con discapacidad
El encuentro ha estado dirigido por la colegiada Lucía Romero, profesional del despacho Perez-Llorca, quien con un lenguaje a cercano y accesible ha explicado cómo la Ley 8/2021 supone un cambio de paradigma: nadie puede ser declarado incapaz y todas las personas mantienen su capacidad jurídica, recibiendo los apoyos necesarios para ejercer sus derechos sin sustituir su voluntad. Se ha hecho especial hincapié en la importancia de la accesibilidad cognitiva y el papel de los facilitadores, figuras clave para que las personas comprendan y participen activamente en los procesos legales.

La jornada ha contado con una alta participación de los asistentes, quienes han planteado preguntas y compartido experiencias, haciendo del coloquio un espacio de diálogo y aprendizaje. Gracias a la implicación del despacho de abogados Pérez-Llorca, que ha aportado su experiencia jurídica y vocación social, y a la labor de la Fundación Gil Gayarre en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, se ha reafirmado la necesidad de seguir trabajando en red para construir una sociedad más inclusiva.